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Actualmente, se considera a los Gobierno Locales como los entes estatales responsables de la creación, articulación, puesta en marcha y coordinación de lo Programas de Seguridad Ciudadana (hoy en manos de las provincias). Dichos programas deben ser integrados por otros que abarquen, a su vez, temas de desarrollo social, urbano, laboral, educativo, entre otros.
Se debe considerar a la seguridad como un derecho que se construye, coordinando acciones sociales preventivas con políticas públicas, donde se trabaja mediante la cooperación y articulación de distintos órganos públicos que prestan servicios y producen políticas que participan, en forma directa o indirecta, en la construcción de este derecho.
El reducir los niveles delictivos efectivamente, demanda un proceso a largo plazo donde se requiere indefectiblemente atacar su causa estructural, por lo tanto, se considera imprescindible para el éxito de cualquier Programa de Seguridad, el revertir las condiciones socioeconómicas actuales, las que juegan un rol sumamente importante en las variaciones de los índices de seguridad.
Se considera entonces, que será factible una drástica reducción de los fenómenos de violencia e inseguridad con adecuadas políticas municipales de desarrollo urbano, tales como: calles iluminadas, asfaltadas, veredas en condiciones, viviendas dignas, con servicios básicos como redes de agua potable y cloacas, posibilitando desde los Gobiernos Locales, condiciones que coadyuven con el desarrollo social y personal, creando fuentes de trabajo genuino, induciendo a nuestros jóvenes al valor del estudio y del esfuerzo. Recordemos que para amplios sectores de nuestra sociedad no existen, desde hace ya varias generaciones, ni contención ni horizonte de ningún tipo.
No podemos obviar la vital importancia de la cooperación y coordinación de labores entre los Gobiernos Locales, las autoridades policiales y judiciales de cada distrito, la colaboración gubernamental en recursos, medios técnicos y convenios de capacitación que posibiliten tanto una mejora en la labor preventiva policial, como la certeza, en tanto elemento disuasivo, de la aplicación efectiva en tiempo y forma de la ley para quienes delincan.
Es dable afirmar entonces, que en el marco del Desarrollo Local, la eficiencia y la eficacia en la utilización de los recursos municipales, coordinados e integrados en un uso estratégico, permite no sólo lograr incrementos en los niveles de desarrollo económico y social, sino que también contribuye a la reducción de los altos niveles de inseguridad, siendo los Gobiernos Locales las instituciones apropiadas para crear e impulsar los Programas de Seguridad Ciudadana.
